HABLANDO DE DERECHO Y JUSTICIA SOCIAL

Actualmente en Venezuela vivimos una etapa de transición de un modelo capitalista caracterizado por ser excluyente, opresor, individualista, hacia un modelo socialista que se distingue por ser humanista, colectivo, incluyente, respetuosos de los derecho humanos. En esta última expresión queremos hacer una abstracción. Es evidente que ahora en nuestro país por mandato constitucional existe un Estado de Derecho y de Justicia Social y, por tal motivo todas las acciones que se lleven a cabo en las instituciones, tanto públicas como privadas, deben estar apegadas a la ley. Por ello el MINPPTRASS como organismo rector de las políticas laborales por antonomasia y defensor de los derechos laborales de la clase trabajadora, debe ajustarse a derecho en cuanto a la situación que actualmente vienen padeciendo un gran número de trabajadoras y trabajadores despedidos por culpa de la mala praxis en la aplicación de la ley.

Ahora bien, si el trabajo es un hecho social que goza de la protección del Estado y además es un derecho irrenunciable, cómo nos explicamos que se haya despedido injustificadamente a 176 compañeros y compañeras, violandole su derecho al debido proceso y estando vigente desde el mes de enero y hasta el mes de diciembre de 2009 un decreto de inamovilidad laboral que los protege y el ministerio tan sólo atina a expresar que no cuenta con presupuesto, esta nos parece la más vergonzosa y neoliberal razón que pueda esgrimir esta administración para violar tan digno derecho, por lo que repudiamos enérgicamente esta absurda medida y exigimos se aplique la resolución 6.540 emitida por la ministra del trabajo la cual ampara a más de 2.200 trabajadoras y trabajadores de la Alcaldía Mayor, como si fuera poco la burla para con nuestros compañeros y para la revolución, se pudo observar por los medios de comunicación en acto público al director de la procuraduría general del ministerio del trabajo Christian Vivas, acompañando en una marcha que se dirigía hacia las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia clamando por el reenganche y pago de salarios caídos a dicho grupo de trabajadores de la alcaldía. Como se puede desprender de lo anteriormente señalado el Derecho y la Justicia Social parece no ser las líneas políticas de la ministra Mará Cristina Iglesias para con sus trabajadoras y los trabajadores.